El diputado Danny Fidel Mogollón Pérez, presentó una iniciativa de ley con el objetivo de establecer en la Ley de Educación del Estado de Baja California, la obligación legal de contar con al menos un profesional en psicología por plantel público de educación básica y media superior.
De acuerdo al legislador, con lo anterior, se estará garantizando el derecho a la salud mental de niñas, niños y adolescentes, mediante una atención preventiva, permanente, integral y con enfoque de derechos humanos.
En su exposición de motivos, el representante popular del décimo quinto distrito local, indicó que las niñas, niños, adolescentes de Baja California enfrentan en el entorno escolar múltiples riesgos que trascienden el ámbito educativo: violencia intrafamiliar, ansiedad, depresión, consumo de sustancias y acoso escolar, entre otros. Estas condiciones afectan profundamente su desarrollo académico, emocional y social.
A lo anterior, el diputado Mogollón agregó las siguientes justificaciones que lo llevaron a presentar la iniciativa:
La primera de ellas, tiene que ver con el hecho de que el 30 por ciento de los adolescentes en México, han experimentado ansiedad severa, según datos de la Secretaría de Salud y del INEGI.
Por otra parte, el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes en el país. En Baja California se han registrado tasas superiores a la media nacional en años recientes (INEGI, 2023).
Asimismo, más del 70 por ciento de las escuelas públicas no cuentan con personal especializado en salud mental, según encuestas de la SEP.
Además, Baja California no tiene cobertura normativa suficiente para garantizar atención psicológica permanente en planteles; las disposiciones actuales dependen de disponibilidad presupuestal o solicitud del plantel.
En caso de que la iniciativa de ley sea aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados Estatal, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación, contará con un plazo de noventa días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir los lineamientos técnicos y operativos necesarios para su implementación.
