Rosarito, B.C. — La iniciativa para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales sigue generando un amplio debate entre distintos sectores. Este lunes 30 de junio, en Tijuana, se reunieron autoridades federales y estatales, empresarios, sindicatos y organismos como INDEX para discutir los retos y oportunidades que implica esta reforma.
Durante el encuentro, se plantearon diversas propuestas, entre ellas la necesidad de que la medida garantice flexibilidad operativa para las empresas, permitiendo que las 40 horas se distribuyan de forma que no impacte necesariamente los fines de semana. También se sugirió que la implementación sea gradual, con una proyección al año 2030, para evitar afectaciones abruptas a la economía.
En este contexto, Iván González, joven empresario de Rosarito, destacó que “la reforma no debe analizarse de forma aislada, sino considerar sea acompañada de estímulos y apoyos directos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan cerca del 95% del empleo en el país”.
Recordó que en los últimos tres años, el sector empresarial ha absorbido varios ajustes importantes: el salario mínimo prácticamente se duplicó en la frontera, se ampliaron los periodos vacacionales y aumentó la carga fiscal por el ISR. Todo esto en un escenario complicado, con el Producto Interno Bruto creciendo apenas 0.02% y una inflación que sigue presionando.
“Sin incentivos claros, muchas micro y pequeñas empresas podrían verse obligadas a la informalidad, afectando la competitividad y el empleo local”, advirtió González, quien consideró que la discusión debe enfocarse también en mecanismos fiscales o apoyos que permitan a las MIPYMES adaptarse sin poner en riesgo su viabilidad.
Mientras el Congreso define el rumbo de esta reforma, el llamado desde el sector productivo es a que se construya un modelo que cuide el empleo formal y al mismo tiempo eleve la calidad de vida de los trabajadores.
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